Abogado

 

Sturla, Juan Carlos c/ Unidad de Cirugía Plástica de San Isidro S.A. y otro

Sumario:

 



1.-Corresponde revocar la sentencia de anterior instancia, y consecuentemente hacer lugar al despido indirecto, atento que en el caso se trata de la relación entre un centro de salud, -demandada-, y un médico, -actor-, no se sostiene que las tareas del segundo sean extrañas al giro empresario de aquélla, y si se parte del reconocimiento efectuado por las accionadas que el actor prestó servicios personales, a los que califican de asesoramiento , corresponde aplicar la presunción derivada del art. 23
de la LCT., ya que no existen motivos para excluir la misma cuando se trate de profesionales universitarios.

2.-Puesto que la labor del actor no se limitó a tareas de asesoramiento destinadas a lograr que la empresa obtuviera diversas certificaciones relacionadas con estándares de calidad institucional como normas ISO e IRAM, sino que además se desempeñó como representante institucional de la misma, como intermediario entre los distintos sectores de la clínica, organizando un programa de capacitación profesional y, en todos los casos, reportando a la persona física codemandada quien impartía las órdenes, extremo que es aún admitido por los testigos de las demandadas cuando señalan que el actor se reunía con esta persona o con los gerentes para el desarrollo de sus tareas, le incumbía a las accionadas acreditar que el actor tenía una organización de medios personales y materiales que lo definieran como empresario para justificar una relación profesional y autónoma.

3.-Atento que el actor acreditó que se desempeñó en tareas propias de la sociedad demandada, dentro del establecimiento de la misma, utilizando los bienes que pertenecían a quien se denuncia como empleadora, para el cumplimiento de sus fines, -debiéndose destacar que una clínica no sólo atiende pacientes sino que, como toda empresa, requiere de una organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales ordenados bajo una dirección para el logro de sus fines (cfe. art. 5
LCT.)-, y como el desempeño del actor no fue ocasional o esporádico, el desconocimiento de la relación laboral por parte de las demandadas justificó la decisión de considerarse indirectamente despedido, por lo que resulta acreedor a las indemnizaciones reclamadas con fundamento en los arts. 232 , 233 y 245 LCT.

4.-En el caso de profesionales universitarios el concepto de dependiente queda relegado en razón que los mismos poseen un conocimiento que es precisamente el que justifica su contratación, por lo que también se flexibiliza la exigencia al cumplimiento de un horario determinado, pero tal conocimiento, de ningún modo desnaturaliza el carácter subordinado de la relación, en tanto el actor, se incorporó de un modo permanente, a una actividad que le era ajena, para el cumplimiento de los fines propios y a cambio de una remuneración que en forma mensual se ocultaba bajo la figura de honorarios, que el trabajador seguramente se vio en la necesidad de aceptar para conservar el contrato como consecuencia de una imposición unilateral del empleador, por lo que el desconocimiento de la relación laboral justificó la decisión de considerarse indirectamente despedido.

5.-Corresponde hacer lugar a la multa reclamada con fundamento en el art. 8
de la Ley nacional 24013, toda vez que el actor cumplió con los requisitos establecidos por la norma citada en su art. 11 ; y como consecuencia, también resultará acreedor de la multa prevista en el art. 15 de dicha normativa; así como también resulta procedente la multa contenida en el art. 2º de la Ley nacional 25323 ya que el actor, frente a la negativa del empleador a abonar las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 LCT., no ha tenido otra alternativa que iniciar las presentes actuaciones para percibirlas.

6.-La indemnización reclamada con fundamento en el art. 45
de la Ley nacional 25345 debe prosperar, ya que el trabajador intimó en cumplimiento de los plazos previstos en el dec. nacional 146/01 la entrega del certificado de trabajo sin que existan constancias de que el empleador hubiera satisfecho esta obligación en tiempo oportuno.

7.-Aún cuando en el libelo inicial se solicitó la condena de la persona física, entendiéndose que su actuación se encuadraba en los términos del art. 26
LO., en las presentes actuaciones, ha quedado demostrado que el fraude consistió en hacer figurar al actor como trabajador autónomo cuando, lo que en realidad se estaba encubriendo, era una relación de carácter dependiente; en concordancia con ello y en virtud del principio iura novit curia , corresponde al órgano jurisdiccional aplicar la normativa adecuada a cada supuesto fáctico esgrimido por las partes, con prescindencia de las afirmaciones formuladas por las mismas e independientemente del encuadre jurídico asignado al reclamo.

8.-Si bien no se discute la personalidad diferenciada de la sociedad de la persona de sus integrantes, no debe perderse de vista que la sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado en el art. 2
de la ley nacional 19550, por lo que es lógico que las consecuencias del abuso o la violación de la ley deban recaer sobre las personas de sus socios, controladores y o directores que la hicieron posible como expresamente lo determinan los arts. 54 y 274 de la ley de sociedades, -sin que resulten aplicables los precedentes Palomeque o Kanmar del Máximo Tribunal-, en tanto en las presentes actuaciones se ha demostrado el fraude a la ley cometido de modo sistemático, por lo que corresponde hacer extensiva la condena en forma solidaria al codemandado en su carácter de Presidente del Directorio de la clínica demandada, ya que el mismo no podía desconocer la irregularidad aludida (art. 59 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales), pues conformaba la administración y dirección de la sociedad y en tal carácter deberá concurrir solidariamente al pago de la condena.


 

“Gainza, Gerardo M. v. Cervecería y Maltería Quilmes SAICAyG”

Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires

La Plata, diciembre 9 de 2010.

En la ciudad de La Plata, a 9 de diciembre de 2010, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Pettigiani , Kogan, Genoud, Soria, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 94.536, "Gainza, Gerardo Miguel contra Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. Indemnización por despido, etc.".

ANTECEDENTES:

El Tribunal del Trabajo nº 2 de Mar del Plata, hizo lugar a la demanda interpuesta con costas (fs. 274/288).

La parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 296/312 vta.).

Dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

CUESTIÓN:

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

I. El tribunal de origen, por unanimidad, hizo lugar a la demanda incoada por Gerardo Miguel Gainza contra "Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G.", en cuanto pretendía el cobro de indemnización por despido incausado. Resolvió de tal manera en mérito a la interpretación que, en ejercicio de sus facultades privativas de apreciación, efectuó de: i) la pieza postal por la cual se comunicó al actor su despido, ii) los escritos de constitución del proceso, iii) las declaraciones testimoniales, iv) la documental y, v) la pericial contable. Con tal sustento, concluyó que la accionada de autos no demostró los hechos invocados para proceder a la cesantía directa del trabaja-dor (fs. 274/278).

Por mayoría, consideró acreditado que esta falsa imputación de causales provocaron un ostensible deterioro público en la honra del trabajador, al propalar el supuesto proceder en el ámbito laboral donde se desempeñaba desde hacía casi 19 años (fs. 278/279).

En la etapa de sentencia declaró la proceden-cia de la demanda y cuantificó los montos de condena. A los fines de ponderar la indemnización por antigüedad computó 19 años y aplicó el tope fijado por resolución 1050/96 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (fs. 281/282). Asimismo, y con apoyo en las extensas con-sideraciones allí vertidas, fijó el importe correspondiente al rubro daño moral (fs. 282/286 vta.).

Finalmente, estableció la tasa de interés aplicable sobre el capital de condena según las siguientes pautas: desde que cada suma es debida y hasta el 31-XII-2001 la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires y desde el 1-I-2002 hasta la cancelación de las sumas reconocidas en el decisorio, la tasa activa promedio del mismo Banco (fs. 286 vta.).

II. Contra esa forma de resolver se alza la demandada de autos mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación de los arts. 44 inc. "d" de la ley 11.653; 245 de la Ley de Contrato de Trabajo; 1067, 1078 y 1109 del Código Civil y de doctrina legal que cita.

a. La primera crítica que formula al fallo se vincula con el tope aplicado a la indemnización prevista por el art. 245 de la ley 20.744 -t.o.-. Afirma que el a quo no dio fundamento alguno al precisar que el correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo 166/75 era de $ 2.883,39, cuando el Ministerio de Trabajo informó -fs. 227- un monto de $ 2.433,54. Reclama el empleo de este último para redefinir la suma fijada en concepto de indemnización por antigüedad.

b. Asimismo, discute la procedencia de las indemnizaciones reclamadas por la extinción de la relación laboral.

En sustancia, sostiene que los jueces de grado han incurrido en una absurda apreciación de los elementos probatorios e incluso en una errónea interpretación de la causal de despido alegada, modificándola y limitándola a las operaciones que fueron mencionadas a simple modo de ejemplo en el telegrama rescisorio, sin que ello significara que la extinción se produjo únicamente por los sobreprecios allí denunciados.

Afirma que esa equivocada ponderación de la injuria condujo a los jueces del trabajo al dictado de un fallo arbitrario y contrario al derecho vigente. Señala que en el decisorio se valoró absurdamente la prueba testimonial, a la vez que se omitió considerar importantes elementos probatorios como la pericial contable y la informativa que daban cuenta de la existencia de los hechos imputados al actor.

c. Controvierte también el acogimiento y cuan-tificación del reclamo por daño moral autónomo que realizó el a quo, con basamento únicamente en dos correos electrónicos que no trascendieron más allá del remitente y los destinatarios y en la declaración de dos testigos que transmitieron simples comentarios y sus opiniones personales sobre la repercusión que la cesantía directa del actor tuvo en el medio en el que se desempeñaba laboralmente.

Agrega que la procedencia de este rubro es no sólo el producto de la absurda apreciación de la prueba sino de la errónea aplicación del derecho, que exige, para la viabilidad del reclamo en forma independiente de la reparación tarifada del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, la acreditación concreta del supuesto daño sufrido por el accionante.

Discute -por arbitrario- el monto reconocido por este concepto, pues -afirma- el voto de la mayoría no dio fundamento alguno para justificar la suma estipulada.

d. Por último, se alza contra la tasa de interés -activa- aplicada al periodo posterior al 1-I-2002. Denuncia al respecto violación de la doctrina legal de esta Corte.

III. El recurso debe prosperar parcialmente.

1. En primer lugar y aún cuando ello implique la alteración del orden de los agravios propuestos por el recurrente, corresponde analizar el planteo vinculado a la falta de demostración de la existencia de injuria legitimante del despido del actor dispuesto por la reclamada de autos, decisión del juzgador de grado que -a mi ver- no logra ser conmovida.

En tal sentido, reiteradamente ha dicho esta Corte que tanto la interpretación de los telegramas enviados por las partes, como las conclusiones relativas a la configuración o no de injuria, legitimante del despido, sólo pueden revisarse en la instancia extraordinaria cuando se evidencia que la valoración no ha sido realizada con la prudencia que la ley exige (conf. art. 242, L.C.T.) o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos (conf. causas L. 89.351, sent. del 7-III-2007; L. 86.145, sent. del 19-IX-2007; L. 84.295, sent. del 24-V-2006; L. 80.838, sent. del 6-IV-2004; entre muchas otras).

Estos extremos no son puestos en evidencia por el impugnante, quien si bien invoca la existencia de absurdo, no alcanza a demostrarlo, toda vez que, apartándose de la línea reflexiva seguida por los jueces en su pronuncia-miento, se limita a efectuar un nuevo análisis de los hechos y constancias probatorias según su propio criterio valorativo (conf. causas L. 68.576, sent. del 24-VIII-1999; L. 74.641, sent. del 18-XII-2002; L. 82.199, sent. del 30-III-2005; entre otras).

Este método es inapropiado para alcanzar el fin propuesto y, por lo demás, sólo trasunta la intención de disputarle al juzgador la facultad que la ley le confiere para establecer el mérito y habilidad de los testigos que declararon en la vista de causa, y de toda la prueba producida por las partes para demostrar sus alegaciones.

Tal valoración, en el presente caso, lo llevó a considerar que las causales invocadas por la empleadora para disponer el despido directo del trabajador, no resultaron probadas, por tanto y a la luz de lo prescripto por el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo tornó en injustificada la cesantía.

La conclusión fue elaborada por el sentenciante -como se reseñara precedentemente- a partir de una interpretación integradora de toda la prueba traída por las partes a la causa, alejando así la configuración del vicio de absurdo denunciado por el recurrente, cuya impugnación - reitero - se agota en la indebida pretensión de sustituir la opinión de los sentenciantes por la propia.

Por lo demás, la injuria debe evaluarse teniendo en cuenta el conjunto de las circunstancias fácticas, las que, justipreciadas en estos obrados por los sentenciantes, condujeron a considerar no demostrada en el curso del proceso la inconducta imputada al trabajador, desechando como prueba hábil a tal fin la auditoría interna como así también la pericial contable, con extensas consideraciones.

2. Improcedente resulta también la parcela de la queja destinada a controvertir el tope previsto por el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y aplicado por el a quo.

Se limita el recurrente a reclamar la aplicación de tope informado para el Convenio Colectivo de Trabajo 166/75 por el Ministerio de Trabajo de $ 2.433,54 (fs. 227) sin ofrecer argumento alguno en contra del utilizado en el fallo.

El sentenciante informa que utilizó el fijado por la resolución 1050/96 de ese Ministerio. Una simple consulta de la aludida resolución -emitida el 20-XII-1996 y publicada en el Boletín Oficial del 17-I-1997- le hubiera permitido constatar que el monto empleado en el fallo -$ 2.883,39- es el allí determinado. Consecuentemente carece de sustento el planteo del reclamante, permaneciendo firme el tope aplicado para realizar el cálculo indemnizatorio en la instancia de origen.

3. Tampoco le asiste razón al pretendiente respecto del agravio por daño moral.

3.a. Este Tribunal reiteradamente ha dicho, y oportuno es recordarlo, que la ruptura unilateral sin causa del contrato de trabajo acarrea la obligación de pagar las indemnizaciones previstas en la ley que comprenden cualquier perjuicio padecido por el trabajador a causa de su despido. En ese caso la ley presume, sin admitir prueba en contrario, la existencia de los daños material y moral padecidos por el dependiente con motivo de la extinción de la relación laboral y establece tarifadamente la reparación correspondiente (art. 245, L.C.T.). Pero, si con motivo o en ocasión de la extinción del contrato de trabajo el principal comete un acto ilícito no representativo de una mera inejecución de las obligaciones derivadas de la relación laboral, configurándose los presupuestos de hecho a los que la ley imputa obligación de indemnizar (arts. 1109, 1067 y 1078 del C.C.), incurre en responsabilidad civil extracontractual, en cuyo caso procede la reparación del daño moral ocasionado al dependiente (conf. causas L. 38.929, sent. del 2-II-1988; L. 52.020, sent. del 3-VIII-1993; L. 62.235, sent. del 25-X-2000; entre otras).

Asimismo, se ha expresado que el agravio moral tiene por objeto reparar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos (conf. causas L. 82.329, sent. del 8-VIII-2007; L. 38.929, sent. del 2-II-1988).

La responsabilidad extracontractual -obvio es decirlo- se configura cuando concurren los presupuestos de hecho a los que la ley imputa el deber de resarcir, extremo que el juzgador de origen entendió acreditado en la especie.

En efecto. Concluyó el a quo - reitero , por mayoría- que la falsa causal de connivencia del actor con proveedores mediante sobreprecios destinados al pago de comisiones en perjuicio de la demandada, no sólo le ha sido endilgada para disponer su despido, sino que también fue propagado tal proceder corrupto, lo que le confería la responsabilidad total por sus consecuencias a la libre determinación de la demandada y al manejo que imprimió al asunto. Y agregó que, al divulgar una conducta fraudulenta, el resultado fue el aniquilamiento del concepto ganado por el trabajador en su vida, no sólo en el específico ámbito laboral, sino en general, puesto que las "noticias sobre su deshonestidad habían recorrido la ciudad, al trascender mas allá de la propia empresa" (fs. 282 vta./283).

Pretender que los correos electrónicos evaluados por los juzgadores de grado no trascendieron más allá de su remitente y destinatarios es como aspirar a desconocer su contenido. De su lectura se evidencia que las conclusiones y opiniones que vuelca su autor y emisor son el producto de averiguaciones llevadas a cabo "para validar o desmentir las imputaciones" que un promotor hiciera sobre la conducta del actor. Se vierten allí expresiones tales como: "es unánime la opinión que califica a Gainza..."; o "es generalizado el convencimiento de que Gainza recibiría 'comisiones'"; también se afirma que "un importante cliente de la zona" confirmó el mal carácter del trabajador y la connivencia de este con el proveedor para cobrar sobreprecio, como así también que "datos recogidos interna y externamente" confirmaban el alto estándar de vida del dependiente que no cuadraba con el salario percibido (ver fs. 25/26). Expresiones que, analizadas en el resolutorio, crearon la convicción en el juzgador juntamente con las declaraciones testimoniales y demás pruebas referenciadas, en orden a que el despido endilgando falsa causal de una conducta virtualmente cuasidelictual en perjuicio de la demandada como la atribuida al actor, provocó en un ostensible deterioro en la honra del trabajador, al propalar el supuesto proceder en el ámbito donde laboró durante 19 años, resultando claramente demostrativo de que en el ámbito de la ciudad en que lo cumplió le provocó un daño moral (fs. 272/273; 282 vta./283 vta.).

Estas concluyentes manifestaciones vertidas en el voto que concitó la mayoría no son objeto de una réplica eficaz por parte del impugnante, habida cuenta que se centra en cuestionar la facultad de selección y jerarquización de los medios probatorios valorados para apontocar la decisión, sistema inapropiado para alcanzar el fin propuesto (conf. causa L. 87.028, sent. del 12-XII-2007).

3.b. Tampoco ha de prosperar el cuestionamiento que formula el quejoso respecto de la suma fijada para reparar este ítem. Tocante al tema alega que la sentencia no brinda fundamento alguno al fijar la suma resarcitoria.

En tal sentido se ha dicho que, dependiendo el reconocimiento y fijación de la indemnización por daño moral del arbitrio judicial, la suma que en uso de facultades privativas determine el tribunal del trabajo no puede conmoverse sólo con la discrepante apreciación del recurrente (art. 279, C.P.C.C.; conf. causas L. 46.089, sent. del 4-VI-1991; L. 59.255, sent. del 12-VIII-1997), toda vez que es a los jueces de grado a quienes corresponde evaluar -en principio- la existencia de una lesión de sentimientos, de afecciones o de tranquilidad anímica configurativa de aquél (conf. causas L. 43.865, sent. del 21-VIII-1990; L. 51.053, sent. del 7-IX-1993; L. 45.764, sent. del 30-IV-1991). Presupuesto que, como se viera, el juzgador tuvo por demostrado en el sub judice.

3.c. Por tanto y de conformidad con lo hasta aquí manifestado, resultando este tramo de la queja huérfana de sólidos argumentos para demostrar el vicio invalidante y la arbitrariedad en que, dice, incurrió el juez de origen para determinar la procedencia y el monto del resarcimiento del daño moral es que considero que debe permanecer firme lo decidido al respecto en el pronunciamiento.

4.a. Se ha objetado que la tasa de interés fijada por el a quo a partir del 1-I-2002 ("tasa activa promedio" que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, sent. fs. 286 vta./287) resulta violatoria de la doctrina legal de esta Suprema Corte (recurso, fs. 308 vta./311 vta.).

En tal sentido, denuncia la recurrente la vulneración de diversos precedentes de este Tribunal en los que se dispone la aplicación de la tasa pasiva, peticionando que también se la aplique a este caso.

b. La crítica es procedente.

(i) He sostenido recientemente (a partir de las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce", ambas sents. del 21-X-2009), que el art. 622 del Código Civil otorga a los jueces la facultad de determinar, si no los hubieran convenido las partes ni se hubiese fijado uno legal, los intereses -o la tasa según la cual se han de calcular- que habrá de producir cierto capital.

Agregué que esa discrecionalidad que se autoriza debe ser ejercida prudentemente, atendiéndose -antes que a criterios bancarios o mercantiles- al armónico juego de diversos principios: la compensación que debe recibir el acreedor, el peligro de provocar un enriquecimiento sin causa, las reglas de moral y buenas costumbres, y el plexo de valores implícitos en los arts. 953 y 954 del Código Civil, etc. A la vez, con la fijación de los intereses no se intentará corregir la depreciación monetaria o subsanar los efectos de la crisis económica (conf. causa B. 49.193 bis, "Fabiano", sent. int. del 2-X-2002), ni tampoco se establecerán tasas tan excesivas o tan escasas que la función de los intereses quede desnaturalizada, porque ello resultaría un absurdo en los términos en que lo ha definido desde siempre esta Corte y, eventualmente, una arbitrariedad en la concepción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En esos precedentes también admití que mi postura implicaba un apartamiento de la doctrina fijada por esta Suprema Corte (a partir de la causa Ac. 43.448, "Cuadern", sent. del 21-V-1991), según la cual los intereses compensatorios deben ser calculados a la tasa pasiva usada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, fundando tal apartamiento en que, de seguir sosteniéndose aquel criterio, se incurriría en notoria contradicción: no puede declararse que los jueces tienen la facultad de fijar las tasas con que se calcularán los intereses y, al mismo tiempo, disponer que deben acatamiento al tipo que usa este Tribunal. Ante ello, como también lo hiciera el doctor Hitters en las causas ya señaladas, consideré necesario modificar la doctrina legal vigente, recalcando que la determinación de la tasa de interés es propia de los jueces de grado, quienes deberán ejercer prudentemente y dentro de los límites señalados, la discrecionalidad que les ha sido autorizada.

(ii) La postura que sustenté ha resultado minoritaria, ratificándose por la mayoría de esta Suprema Corte la doctrina según la cual los intereses moratorios deben ser calculados a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa.

Ante ello, puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es no solo mantener sino también -y especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5827 (y dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), corresponde declarar que la sentencia atacada viola la doctrina legal ratificada a partir de las causas señaladas al principio.

IV. En mérito a lo expuesto deberá hacerse lugar parcialmente al recurso extraordinario deducido por la de-mandada, y modificarse la sentencia recurrida exclusiva-mente en el sentido de que los intereses que se cargan sobre el capital deberán ser calculados de la forma antes señalada, confirmando el pronunciamiento en lo restante que fuera motivo de agravios.

Las costas se imponen en el orden causado (arts. 68 y 289 del C.P.C.C.).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

I. Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor de Lázzari en el punto III apartados 1, 2 y 3.

II. En lo que respecta a la tasa de interés aplicada por el tribunal a quo (v. sent., fs. 286 vta.), asiste razón al recurrente en cuanto denuncia el quebrantamiento de la doctrina legal de esta Suprema Corte al respecto (v. rec., fs. 308 vta.).

Efectivamente, y tal como lo evidencia mi colega que abre el acuerdo en el apartado 4.b.(ii) del punto III, este superior Tribunal provincial ha venido sosteniendo que a partir del 1 de abril de 1991 los intereses moratorios deben ser liquidados exclusivamente sobre el capital (art. 623, Cód. Civ.) con arreglo a la tasa de interés que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (arts. 7 y 10, ley 23.928, modif. por ley 25.561; y 622 del Cód. Civ.; conf. causas Ac. 57.803, sent. del 17-II-1998; Ac. 72.204, sent. del 15-III-2000; Ac. 68.681, sent. del 5-IV-2000; L. 76.276, sent. del 2-X-2002; L. 77.248, sent. del 20-VIII-2003; L. 75.624, sent. del 9-X-2003; L. 79.649, sent. del 14-IV-2004; L. 88.156, sent. del 8-IX-2004; L. 87.190, sent. del 27-X-2004; L. 79.789, sent. del 10-VIII-2005; L. 80.710, sent. del 7-IX-2005; Ac. 92.667, sent. del 14-IX-2005; entre otras).

Este criterio ha sido ratificado por esta Suprema Corte en la causa L. 94.446, "Ginossi" (sent. del 21-X-2009), en donde mi voto formó parte de la mayoría de opiniones suscitada, al cual me remito por razones de brevedad.

III. Por lo tanto, corresponde hacer lugar parcial-mente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y, en consecuencia, casar la sentencia en cuanto dispuso la aplicación de una tasa de interés contrariando la doctrina legal de esta Suprema Corte.

De modo tal que los autos deberán volver a la instancia de origen, a fin de que efectúen una nueva liquidación conforme lo expuesto.

Las costas se imponen en el orden causado, atento a la procedencia parcial del recurso (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:

I. Adhiero a lo manifestado en los puntos 1, 2 y 3 del apartado III del voto del doctor de Lázzari.

II. En lo que respecta al agravio destinado a impugnar la tasa de interés dispuesta por el sentenciante también comparto la solución propuesta por el colega preopinante, aunque lo hago por los fundamentos que he esgrimido al emitir mi voto en el precedente L. 94.446, "Ginossi" (sent. del 21-X-2009), a los que me remito por razones de brevedad.

III. A tenor de lo expuesto, el recurso debe prosperar parcialmente, en los términos precisados en el apartado IV del voto del doctor de Lázzari.

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

I. Adhiero a lo expresado por el doctor de Lázzari en el punto III, apartados 1, 2 y 3 de su voto.

II. En lo que hace al agravio relacionado con el tipo de tasa de interés aplicada por el a quo, comparto la solución propuesta por el citado colega, de conformidad con los fundamentos que expusiera al emitir mi sufragio en la causa L. 94.446, "Ginossi" (sent. del 21-X-2009), cuyos argumentos doy por reproducidos aquí por razones de economía procesal.

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

Adhiero a lo expuesto por el colega doctor de Lázzari en el apartado III, puntos 1, 2 y 3 de su voto.

En cuanto al agravio referido a la tasa de interés aplicada por el tribunal de grado, concuerdo con la solución a la que arriba el colega doctor Pettigiani , ello conforme los argumentos que he desarrollado al emitir mi opinión en el precedente L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009), a los cuales brevitatis causae me remito.

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, y se revoca la sentencia impugnada en lo concerniente a la tasa que declaró aplicable respecto de los intereses adeudados a partir del 1 de enero de 2002, los que deberán liquidarse conforme la que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación. Costas en el orden causado, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 y 289, C.P.C.C.). Vuelvan los autos al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación, con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.

Regístrese y notifíquese.– HILDA KOGAN.– EDUARDO J. PETTIGIANI.– EDUARDO N. DE LAZZARI.– DANIEL F. SORIA.– LUIS E. GENOUD. (Sec.: GUILLERMO L. COMADIRA).

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  Se pegó un tiro estando detenido en una comisaría

El Estado es responsable hasta de los suicidios

La Justicia de Mendoza condenó al Estado provincial a resarcir a la madre de un menor por los daños derivados del suicidio del joven, cometido mientras se encontraba detenido en una comisaría. La Corte provincial expresó que “el Estado no cumplió con sus obligaciones de protección y de brindar seguridad”.

La Suprema Corte de Mendoza determinó la responsabilidad del Estado provincial por la muerte del hijo de una mujer. El joven se había suicidado de un disparo mientras permanecía detenido en una comisaría tras haber solicitado permiso para ir al baño.

El Máximo Tribunal mendocino, con el voto de los vocales Fernando Romano y Jorge Nanclares, expresó que el suicidio del joven “ocurrió por el déficit en la actuación del personal policial al no cumplir con su obligación de requisa, ni al momento de ingreso a la comisaría, ni cuando el menor solicitó autorización para ir al baño”.

Un menor caminaba por la calle acompañado de dos amigos rumbo a un complejo deportivo. En cierto momento un patrullero frenó para requisarlos. Dos de los jóvenes huyeron corriendo. El muchacho que se quedó en el lugar fue revisado y se le encontró un paquete con una sustancia extraña. El menor fue trasladado en compañía de un profesor de educación física a la comisaría con el fin de analizar la sustancia.

Mientras el menor esperaba en el destacamento, un efectivo dio la noticia de que el análisis del contenido del paquete había dado positivo y que era droga. En ese momento el joven solicitó permiso para ir al baño. Un uniformado lo acompañó hasta la puerta. Instantes después se escuchó una detonación. El muchacho se había suicidado mediante un disparo con un arma de fuego que llevaba oculta entre sus ropas.

La madre del menor que se quitó la vida demandó por daños y perjuicios al personal policial del destacamento y al Gobierno de la Provincia de Mendoza. La mujer adujo que el joven no se había suicidado, pero que aún en el caso de ser cierta esa hipótesis, la muerte se había producido por una omisión al deber de protección y seguridad de los efectivos policiales que lo tenían bajo su guarda.

En primera instancia se acogió parcialmente la demanda y se condenó al agente que requisó al muchacho en la comisaría y al Estado provincial. Apelado este pronunciamiento por los accionados, la Cámara Civil modificó la decisión y atribuyó un 75% de incidencia en el resultado a la conducta de la víctima.

La sentencia de Cámara fue impugnada ante el Alto Tribunal provincial mediante recurso de inconstitucionalidad por la madre del menor que falleció. La actora sostuvo que el fallo del Tribunal de Apelaciones era arbitrario y que el personal policial había incumplido el deber de protección y seguridad. También cuestionó que se hubiera valorado a favor de los demandados el sobreseimiento en sede penal.

La Suprema Corte mendocina señaló en primer término que “la idea objetiva de la falta de servicio encuentra fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del artículo 1112 del Código Civil, que establece un régimen de responsabilidad por los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas”.

Sobre el mismo punto el Alto Tribunal provincial agregó que tales irregularidades cometidas por empleados públicos sitúan “la responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público, que no requiere como fundamento de derecho positivo recurrir al artículo 1113 del Código Civil”.

Acto seguido la Corte de Mendoza expresó que “resulta indudable entonces que en el caso el Estado no cumplió con sus obligaciones de protección, y de brindar seguridad a la persona que tiene bajo su guarda, máxime tratándose de un menor de edad”.  También manifestó que ese deber de protección y seguridad podría perfectamente haber sido cumplido si se hubiera realizado la requisa correspondiente.

Entre tanto, el Máximo Tribunal local puntualizó respecto de la conducta de la víctima que ésta “no pudo tener la relevancia causal que le asigna el fallo, toda vez que la culpa de la víctima con aptitud para cortar el nexo de causalidad a que alude el artículo 1113 del Código Civil, debe revestir las características de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito o de la fuerza mayor, que en el caso no se dieron”.

Finalmente la Suprema Corte mendocina afirmó que “si bien el fallo impugnado ha dado por acreditado la existencia del arma entre las ropas de la víctima con la cual se suicidó, tal hipótesis pone de resalto la total responsabilidad de la demandada, quien tenía a su cargo la guarda del menor, estaba obligada a velar por su integridad y seguridad, no cumplió con la obligación de efectuar la requiso, no probó que el deceso del menor del modo en que sucedió fuese inevitable”.

Por estas razones el Alto Tribunal local decidió “del modo en que lo hizo la sentencia de primera instancia que otorgó la total responsabilidad al Estado, el que en supuestos como el que tratamos, cumple una función eminentemente reglada, y las normas que regulan su actuación y la de sus funcionarios en esa tarea dan contenido a su deber de seguridad”.

La Suprema Corte de Mendoza aseveró en forma rotunda respecto del Estado provincial que había quedado acreditado “que no cumplió con la mínima diligencia que ese deber le imponía, y que tal proceder fue la causa eficiente del deceso del menor”.

De este modo el Máximo Tribunal de la provincia cuyana hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad planteado por la madre del joven que se quitó la vida. En consecuencia revocó la decisión de la Cámara Civil y confirmó en todas sus partes lo que se había resuelto en primera instancia”.


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