Abogado

 Fuente: www.abogados.com.ar

 

Establecen que No Puede Otorgarse Carácter No Remuneratorio a Sumas de Dinero por Medio de Acuerdos Colectivos

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió que corresponde atribuir carácter remuneratorio al rubro “viático merienda” y “viático pernoctada”, al considerar que un acuerdo de orden colectivo no puede atribuir carácter no remunerativo a sumas de dinero abonadas a los trabajadores en virtud del contrato de trabajo.

 

En la causa “Barbisan Ricardo Luis y otro c/ E.F.A. Empresa Ferrocarriles Argentinos s/ diferencias de salarios”, la demandada apeló la resolución del juez de primera instancia que admitió las diferencias salariales reclamadas al considerar que se había omitido la merituración de la normativa legal y convencional aplicable, especialmente en cuanto a la naturaleza jurídica de los rubros percibidos por los actores.

 

En su apelación, la recurrente sostuvo que el decreto 1803/92 dispuso la inaplicabilidad a los procesos de privatización realizados o en trámite de las normas en materia de transferencia del establecimiento y cesión de personal.

 

A su vez, la apelante  alegó que se había omitido aplicar el CCT de empresa Nº 93/93 que dispuso que los “Viáticos Merienda” y “Viático Pernoctada”, no tenían naturaleza remunerativa incluso cuando se abonaban en forma habitual y regular, y que el artículo 106 de la Ley de Contrato de Trabajo autoriza que un convenio colectivo o laudo arbitral atribuya carácter no remunerativo a gastos de comida, traslado o alojamiento, sin exigencia de rendición de cuentas.

 

Los jueces de la Sala I explicaron al analizar el presente caso que “no se advierte puntualmente señalado cuál sería el fundamento para otorgarle, a los viáticos aludidos la naturaleza "no remunerativa", sobre todo cuando el carácter alimentario es naturalmente propio del salario, con arreglo a más que conocida doctrina de la Corte (Fallos: 311:1003 y 308:1336, ente otros)”.

 

En tal sentido, remarcaron que “no se advierte puntualmente señalado cuál sería el fundamento para otorgarle, a los viáticos aludidos la naturaleza "no remunerativa", sobre todo cuando el carácter alimentario es naturalmente propio del salario, con arreglo a más que conocida doctrina de la Corte (Fallos: 311:1003 y 308:1336, ente otros)”.

 

Al determinar que no resulta trascendente lo que pueda haber establecido el CCT 93/93 E que se invoca en la queja, los camaristas resolvieron que “la validez de los acuerdos colectivos no se mensura en relación a su constitucionalidad sino con su ajuste o desajuste con las normas de rango superior y a la articulación propia del régimen de los convenios colectivos que sólo resultan aplicables en la medida que contengan beneficios adicionales o superiores a los previstos en las disposiciones legales imperativas”.

 

En la sentencia del 24 de junio pasado, los jueces concluyeron que “la función tradicional de los convenios colectivos consiste en establecer "mejores condiciones" para el trabajador de la actividad que regula, obviamente sin vulnerar los derechos y garantías consagrados en las fuentes de derecho de jerarquía superior, tales como la Constitución Nacional, los tratados internacionales de índole constitucional (art. 75, inc. 22, segundo párrafo), la LCT, etc.”, por lo que ratificaron la resolución apelada.

 

 


Fuente: www.diariojudicial.com

Sumario

1.-Corresponde confirmar la sentencia de anterior instancia en cuanto condena a la ART demandada, pues la quejosa no ha procedido a rebatir debidamente los argumentos esenciales, decisivos y centrales de la sentencia puesta en crisis, siendo los mismos: a) la pericia médica psiquiátrica demostró que el estresor detonante de la actora fue por causa laboral, b) la prueba testimonial demostró que la actora se encontraba sometida a grandes presiones y hostigamiento por parte de sus superiores, c) la actora transitó por una continua y difícil adaptación en su cometido laboral, sobrecargada de trabajo con requerimientos de máxima exigencia, con excesivo grupo de personas a su cargo, manejo de dinero y sometida a continuas exigencias por sus superiores, experimentando un gran desgaste psico-físico, d) el trabajo actuó como un factor concausal de la enfermedad de la actora, no verificándose ningún supuesto de exclusión de cobertura, según art. 6.3 LRT., e) la patología de la actora era resarcible en el sistema previsto por la LRT.



2.-La recurrente entiende que no ha quedado probado que la trabajadora esté en tratamiento psicológico o psiquiátrico, lo que tornaría en improcedente la condena, pero la aseguradora tampoco impugnó, en la oportunidad procesal correspondiente, la pericia psiquiátrica que, después de establecer que la enfermedad de la actora era psicosomática y que uno de los elementos desencadenantes eran las tareas desarrolladas, aconsejó la necesidad de tratamiento psiquiátrico (farmacológico) psicoterapéutico (terapia cognitiva conductual) no menor a 1 veces por semana.



3.-Resulta errada la conclusión del inferior en el sentido de proceder al cómputo de los intereses a partir de la fecha del certificado médico, toda vez que al no haber existido en la causa intervención de las Comisiones Médicas, como así tampoco denuncia del siniestro a la parte empleadora, la única forma en que la aseguradora -hoy recurrente- pudo tomar conocimiento de la incapacidad del actor, fue con la notificación del traslado de la demanda, siendo éste el momento a partir del cual deben ser computados los intereses.


SENTENCIA DEFINITIVA  NRO.  86504                                   CAUSA NRO. 28.811/07

AUTOS:"MENNELLA RODOLFO LUIS C/ COOPERATIVA DE TRABAJO FAST LTDA Y OTRO S/ DESPIDO"

JUZGADO NRO. 51                                                                    SALA I        


Partes: O., E. M. c/ La Esquina S.A. s/ despido

 

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

 

Sala/Juzgado: VI

 

Fecha: 16-dic-2010

Fallo completo: cliqk en + info

Sumario:

 



1.-Corresponde revocar parcialmente la sentencia de anterior instancia, pues la aseveración de la actora respecto a haber esperado 48 horas luego de enviado el telegrama laboral intimando a la re-gularización pretendida no responde a la realidad de lo acontecido, pues el telegrama en virtud del cual disponía la ruptura del vínculo fue enviado cuando aún no habían transcurrido dicho tiempo y esta actitud es reveladora de que la accionante no estaba interesada en obtener una respuesta a sus reclamos sino en acortar los tiempos para adoptar una decisión que luce apresurada y contraria al deber de buena fe, que deben observar ambas partes del contrato de trabajo (art.63 LCT.), por lo que corresponde confirmar este punto de la sentencia apelada (del voto del Dr. Juan Carlos Fernandez Madrid al que adhiere la Dra. Graciela A. Gonzalez - mayoría).

2.-El reclamo de horas extras no ha sido instrumentado con precisión pues se advierte que el escrito de inicio denunció una jornada y que en el telegrama de intimación denunció otra, por lo que esta insuficiencia del escrito de inicio (art.65 ley nacional 18.345) no se puede considerar subsanada por las declaraciones invocadas en el memorial recursivo (del voto del Dr. Juan Carlos Fernandez Madrid al que adhiere la Dra. Graciela A. Gonzalez - mayoría).

3.-En el escrito de inicio se reclamó el pago de una indemnización por daño moral resultante del acoso y las maniobras de la demandada con expresiones sumamente vagas e imprecisas que impiden conocer el sujeto al que refieren y los hechos concretos configurativos de la conducta referida, lo que constituye una insuficiencia del escrito de inicio (art.65 ley nacional 18.345) que no puede ser subsanada en etapas posteriores del proceso, en desmedro del derecho de defensa de la contraparte (art. 18 C.N.) y no ayuda a la recurrente a la hora de valorar las declaraciones testimoniales que invoca en su apoyo en el recurso de apelación en el que, además, no se hace cargo del análisis probatorio que llevó al sentenciante a concluir que el presunto acoso no solo no ha sido probado, sino que tampoco se acreditó que la empresa hubiese estado en conocimiento de conductas impropias (de la disidencia del Dr. Juan Carlos Fernandez Madrid).

4.-Los agravios expresados en relación con el reclamo del ius variandi carecen de apoyo legal puesto que ha quedado probado en autos que el cambio significó un ascenso, -de peón de limpieza a cuidadora de niños-, que importó un incremento simultáneo del haber básico, sin que se hubiera invocado ni probado un perjuicio en los términos previstos por el art. 66 LCT. (del voto del Dr. Juan Carlos Fernandez Madrid por sus fundamentos - mayoría).

5.-La intimación cursada por la accionante que otorgaba a la demandada 24 horas para contestar no resulta contraria a derecho en el marco de los acontecimientos denunciados en la demanda, y de la prueba producida, pues si la propia demandada cuando contestó la intimación otorgó un plazo de 24 horas para retomar tareas, no se entiende por qué no podía en 24 horas contestar la intimación de la actora, y en todo caso, lo que no se puede soslayar es que la respuesta de la demandada se limitó a rechazar la intimación y a negar tanto la jornada de trabajo denunciada por la accionante como el cambio de horario referido, pero sin especificar ni cuál era la jornada efectiva ni mucho menos en qué horario debía presentarse la actora a retomar tareas (de la disidencia la Dra. Beatriz I. Fontana).

6.-Las impugnaciones intentadas por la demandada respecto de los testimonios carecen de toda entidad para poner en duda sus dichos, en especial cuando todos dieron suficiente razón de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que tomaron conocimiento de los hechos sobre los que declararon y dichas declaraciones llevan a concluir que se ha probado en autos que la actora padeció el acoso del encargado, y que las autoridades de la demandada habían sido anoticiadas de dichas conductas y también prueban que la forma en que el tal encargado castigaba el rechazo a sus pretensiones, era abusando de su facultad de imponer y modificar horarios (de la disidencia de la Dra. Beatriz I. Fontana).

7.-Frente a las conductas por parte de un dependiente de la demandada, era de esperar que se tomara alguna medida al respecto, sin embargo, cuando la actora intima fehacientemente haciendo saber que se presentó a trabajar y que se le quiso imponer un cambio de su jornada laboral, la demandada se limitó a negar la jornada invocada sin aclarar cuál era la que debía cumplir, y a negar que se le hubiera informado modificación alguna de horario, por lo que en ese marco, no solamente la decisión de la actora de hacer efectivo el apercibimiento no fue apresurada, sino que la actitud de la demandada fue contraria a lo que es de esperar de un buen empleador conforme lo establecen los arts. 62, 63 y concs. LCT. (de la disidencia de la Dra. Beatriz I. Fontana).

8.-La actora era quien venía soportando las insinuaciones del encargado, incluso con actitudes violentas de las que dan cuenta los testigos ( acorralándonos rozándonos diciendo qué nos iba a hacer ), y el abuso de poder por parte del mismo quien en su función de encargado quedó demostrado que apelaba a constantes cambios de horario para castigar a quienes no cedían a sus pretensiones, y también la actora fue quien tuvo que trabajar en exceso de su jornada legal por imposición de dicho encargado, quien estaba en funciones por decisión de la demandada de quien dependía, por ello, en ese contexto, frente a la intimación cursada por la actora, era la demandada quien debía tomar intervención en el asunto y poner fin a los abusos de su dependiente jerárquico y en tanto no lo hizo, el despido resultó justificado por las inconductas a las que fue sometida, que la demandada optó por negar sistemáticamente a pesar de estar en conocimiento de las mismas (del voto de la Dra. Beatriz I. Fontana al que adhiere a la Dra. Graciela A. Gonzalez - mayoría).

9.-En tanto ha quedado probado que por imposición de las decisiones del encargado la actora era obligada a prestar servicios en horas suplementarias, lo cierto es que la demandada estaba obligada a llevar el registro que establece el art. 6 de la Ley nacional 11544 y de la pericial contable no surge que se haya exhibido tal registro, por ello conforme lo dispuesto por el art. 52 incs. g) y h) y art. 55 LCT., corresponde tener por cierta la jornada denunciada en la demanda, la que por otra parte resulta corroborada por la prueba testimonial producida (de la disidencia de la Dra. Beatriz I. Fontana).

10.-Corresponde hacer lugar al reclamo de reparación del daño moral requerido en la demanda, pues las inconductas que debió soportar la actora durante el transcurso de la relación laboral en modo alguno pueden considerarse subsumidas en la indemnización tarifada propia del sistema especial, por el contrario, ha quedado probado que la actora fue víctima de inconductas inferidas por un dependiente de la demandada, por quien esta última debe responder conforme art. 1113 CCiv.; y más aun, cuando actitudes como las que se ha probado que adoptó el encargado respecto de la actora, y la pasividad que quedó demostrada por parte de la demandada frente a esos graves acontecimientos, constituyen algunas de las conductas que se pretenden combatir a través de la Ley nacional 26485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, como también a través del Decreto nacional N° 1011/10 , reglamentario de la misma (del voto de la Dra. Beatriz I. Fontana al que adhiere la Dra. Graciela A. González - mayoría).

 


 

Sturla, Juan Carlos c/ Unidad de Cirugía Plástica de San Isidro S.A. y otro

Sumario:

 



1.-Corresponde revocar la sentencia de anterior instancia, y consecuentemente hacer lugar al despido indirecto, atento que en el caso se trata de la relación entre un centro de salud, -demandada-, y un médico, -actor-, no se sostiene que las tareas del segundo sean extrañas al giro empresario de aquélla, y si se parte del reconocimiento efectuado por las accionadas que el actor prestó servicios personales, a los que califican de asesoramiento , corresponde aplicar la presunción derivada del art. 23
de la LCT., ya que no existen motivos para excluir la misma cuando se trate de profesionales universitarios.

2.-Puesto que la labor del actor no se limitó a tareas de asesoramiento destinadas a lograr que la empresa obtuviera diversas certificaciones relacionadas con estándares de calidad institucional como normas ISO e IRAM, sino que además se desempeñó como representante institucional de la misma, como intermediario entre los distintos sectores de la clínica, organizando un programa de capacitación profesional y, en todos los casos, reportando a la persona física codemandada quien impartía las órdenes, extremo que es aún admitido por los testigos de las demandadas cuando señalan que el actor se reunía con esta persona o con los gerentes para el desarrollo de sus tareas, le incumbía a las accionadas acreditar que el actor tenía una organización de medios personales y materiales que lo definieran como empresario para justificar una relación profesional y autónoma.

3.-Atento que el actor acreditó que se desempeñó en tareas propias de la sociedad demandada, dentro del establecimiento de la misma, utilizando los bienes que pertenecían a quien se denuncia como empleadora, para el cumplimiento de sus fines, -debiéndose destacar que una clínica no sólo atiende pacientes sino que, como toda empresa, requiere de una organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales ordenados bajo una dirección para el logro de sus fines (cfe. art. 5
LCT.)-, y como el desempeño del actor no fue ocasional o esporádico, el desconocimiento de la relación laboral por parte de las demandadas justificó la decisión de considerarse indirectamente despedido, por lo que resulta acreedor a las indemnizaciones reclamadas con fundamento en los arts. 232 , 233 y 245 LCT.

4.-En el caso de profesionales universitarios el concepto de dependiente queda relegado en razón que los mismos poseen un conocimiento que es precisamente el que justifica su contratación, por lo que también se flexibiliza la exigencia al cumplimiento de un horario determinado, pero tal conocimiento, de ningún modo desnaturaliza el carácter subordinado de la relación, en tanto el actor, se incorporó de un modo permanente, a una actividad que le era ajena, para el cumplimiento de los fines propios y a cambio de una remuneración que en forma mensual se ocultaba bajo la figura de honorarios, que el trabajador seguramente se vio en la necesidad de aceptar para conservar el contrato como consecuencia de una imposición unilateral del empleador, por lo que el desconocimiento de la relación laboral justificó la decisión de considerarse indirectamente despedido.

5.-Corresponde hacer lugar a la multa reclamada con fundamento en el art. 8
de la Ley nacional 24013, toda vez que el actor cumplió con los requisitos establecidos por la norma citada en su art. 11 ; y como consecuencia, también resultará acreedor de la multa prevista en el art. 15 de dicha normativa; así como también resulta procedente la multa contenida en el art. 2º de la Ley nacional 25323 ya que el actor, frente a la negativa del empleador a abonar las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 LCT., no ha tenido otra alternativa que iniciar las presentes actuaciones para percibirlas.

6.-La indemnización reclamada con fundamento en el art. 45
de la Ley nacional 25345 debe prosperar, ya que el trabajador intimó en cumplimiento de los plazos previstos en el dec. nacional 146/01 la entrega del certificado de trabajo sin que existan constancias de que el empleador hubiera satisfecho esta obligación en tiempo oportuno.

7.-Aún cuando en el libelo inicial se solicitó la condena de la persona física, entendiéndose que su actuación se encuadraba en los términos del art. 26
LO., en las presentes actuaciones, ha quedado demostrado que el fraude consistió en hacer figurar al actor como trabajador autónomo cuando, lo que en realidad se estaba encubriendo, era una relación de carácter dependiente; en concordancia con ello y en virtud del principio iura novit curia , corresponde al órgano jurisdiccional aplicar la normativa adecuada a cada supuesto fáctico esgrimido por las partes, con prescindencia de las afirmaciones formuladas por las mismas e independientemente del encuadre jurídico asignado al reclamo.

8.-Si bien no se discute la personalidad diferenciada de la sociedad de la persona de sus integrantes, no debe perderse de vista que la sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado en el art. 2
de la ley nacional 19550, por lo que es lógico que las consecuencias del abuso o la violación de la ley deban recaer sobre las personas de sus socios, controladores y o directores que la hicieron posible como expresamente lo determinan los arts. 54 y 274 de la ley de sociedades, -sin que resulten aplicables los precedentes Palomeque o Kanmar del Máximo Tribunal-, en tanto en las presentes actuaciones se ha demostrado el fraude a la ley cometido de modo sistemático, por lo que corresponde hacer extensiva la condena en forma solidaria al codemandado en su carácter de Presidente del Directorio de la clínica demandada, ya que el mismo no podía desconocer la irregularidad aludida (art. 59 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales), pues conformaba la administración y dirección de la sociedad y en tal carácter deberá concurrir solidariamente al pago de la condena.


 

“Gainza, Gerardo M. v. Cervecería y Maltería Quilmes SAICAyG”

Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires

La Plata, diciembre 9 de 2010.

En la ciudad de La Plata, a 9 de diciembre de 2010, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Pettigiani , Kogan, Genoud, Soria, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 94.536, "Gainza, Gerardo Miguel contra Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. Indemnización por despido, etc.".

ANTECEDENTES:

El Tribunal del Trabajo nº 2 de Mar del Plata, hizo lugar a la demanda interpuesta con costas (fs. 274/288).

La parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 296/312 vta.).

Dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

CUESTIÓN:

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

I. El tribunal de origen, por unanimidad, hizo lugar a la demanda incoada por Gerardo Miguel Gainza contra "Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G.", en cuanto pretendía el cobro de indemnización por despido incausado. Resolvió de tal manera en mérito a la interpretación que, en ejercicio de sus facultades privativas de apreciación, efectuó de: i) la pieza postal por la cual se comunicó al actor su despido, ii) los escritos de constitución del proceso, iii) las declaraciones testimoniales, iv) la documental y, v) la pericial contable. Con tal sustento, concluyó que la accionada de autos no demostró los hechos invocados para proceder a la cesantía directa del trabaja-dor (fs. 274/278).

Por mayoría, consideró acreditado que esta falsa imputación de causales provocaron un ostensible deterioro público en la honra del trabajador, al propalar el supuesto proceder en el ámbito laboral donde se desempeñaba desde hacía casi 19 años (fs. 278/279).

En la etapa de sentencia declaró la proceden-cia de la demanda y cuantificó los montos de condena. A los fines de ponderar la indemnización por antigüedad computó 19 años y aplicó el tope fijado por resolución 1050/96 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (fs. 281/282). Asimismo, y con apoyo en las extensas con-sideraciones allí vertidas, fijó el importe correspondiente al rubro daño moral (fs. 282/286 vta.).

Finalmente, estableció la tasa de interés aplicable sobre el capital de condena según las siguientes pautas: desde que cada suma es debida y hasta el 31-XII-2001 la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires y desde el 1-I-2002 hasta la cancelación de las sumas reconocidas en el decisorio, la tasa activa promedio del mismo Banco (fs. 286 vta.).

II. Contra esa forma de resolver se alza la demandada de autos mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación de los arts. 44 inc. "d" de la ley 11.653; 245 de la Ley de Contrato de Trabajo; 1067, 1078 y 1109 del Código Civil y de doctrina legal que cita.

a. La primera crítica que formula al fallo se vincula con el tope aplicado a la indemnización prevista por el art. 245 de la ley 20.744 -t.o.-. Afirma que el a quo no dio fundamento alguno al precisar que el correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo 166/75 era de $ 2.883,39, cuando el Ministerio de Trabajo informó -fs. 227- un monto de $ 2.433,54. Reclama el empleo de este último para redefinir la suma fijada en concepto de indemnización por antigüedad.

b. Asimismo, discute la procedencia de las indemnizaciones reclamadas por la extinción de la relación laboral.

En sustancia, sostiene que los jueces de grado han incurrido en una absurda apreciación de los elementos probatorios e incluso en una errónea interpretación de la causal de despido alegada, modificándola y limitándola a las operaciones que fueron mencionadas a simple modo de ejemplo en el telegrama rescisorio, sin que ello significara que la extinción se produjo únicamente por los sobreprecios allí denunciados.

Afirma que esa equivocada ponderación de la injuria condujo a los jueces del trabajo al dictado de un fallo arbitrario y contrario al derecho vigente. Señala que en el decisorio se valoró absurdamente la prueba testimonial, a la vez que se omitió considerar importantes elementos probatorios como la pericial contable y la informativa que daban cuenta de la existencia de los hechos imputados al actor.

c. Controvierte también el acogimiento y cuan-tificación del reclamo por daño moral autónomo que realizó el a quo, con basamento únicamente en dos correos electrónicos que no trascendieron más allá del remitente y los destinatarios y en la declaración de dos testigos que transmitieron simples comentarios y sus opiniones personales sobre la repercusión que la cesantía directa del actor tuvo en el medio en el que se desempeñaba laboralmente.

Agrega que la procedencia de este rubro es no sólo el producto de la absurda apreciación de la prueba sino de la errónea aplicación del derecho, que exige, para la viabilidad del reclamo en forma independiente de la reparación tarifada del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, la acreditación concreta del supuesto daño sufrido por el accionante.

Discute -por arbitrario- el monto reconocido por este concepto, pues -afirma- el voto de la mayoría no dio fundamento alguno para justificar la suma estipulada.

d. Por último, se alza contra la tasa de interés -activa- aplicada al periodo posterior al 1-I-2002. Denuncia al respecto violación de la doctrina legal de esta Corte.

III. El recurso debe prosperar parcialmente.

1. En primer lugar y aún cuando ello implique la alteración del orden de los agravios propuestos por el recurrente, corresponde analizar el planteo vinculado a la falta de demostración de la existencia de injuria legitimante del despido del actor dispuesto por la reclamada de autos, decisión del juzgador de grado que -a mi ver- no logra ser conmovida.

En tal sentido, reiteradamente ha dicho esta Corte que tanto la interpretación de los telegramas enviados por las partes, como las conclusiones relativas a la configuración o no de injuria, legitimante del despido, sólo pueden revisarse en la instancia extraordinaria cuando se evidencia que la valoración no ha sido realizada con la prudencia que la ley exige (conf. art. 242, L.C.T.) o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos (conf. causas L. 89.351, sent. del 7-III-2007; L. 86.145, sent. del 19-IX-2007; L. 84.295, sent. del 24-V-2006; L. 80.838, sent. del 6-IV-2004; entre muchas otras).

Estos extremos no son puestos en evidencia por el impugnante, quien si bien invoca la existencia de absurdo, no alcanza a demostrarlo, toda vez que, apartándose de la línea reflexiva seguida por los jueces en su pronuncia-miento, se limita a efectuar un nuevo análisis de los hechos y constancias probatorias según su propio criterio valorativo (conf. causas L. 68.576, sent. del 24-VIII-1999; L. 74.641, sent. del 18-XII-2002; L. 82.199, sent. del 30-III-2005; entre otras).

Este método es inapropiado para alcanzar el fin propuesto y, por lo demás, sólo trasunta la intención de disputarle al juzgador la facultad que la ley le confiere para establecer el mérito y habilidad de los testigos que declararon en la vista de causa, y de toda la prueba producida por las partes para demostrar sus alegaciones.

Tal valoración, en el presente caso, lo llevó a considerar que las causales invocadas por la empleadora para disponer el despido directo del trabajador, no resultaron probadas, por tanto y a la luz de lo prescripto por el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo tornó en injustificada la cesantía.

La conclusión fue elaborada por el sentenciante -como se reseñara precedentemente- a partir de una interpretación integradora de toda la prueba traída por las partes a la causa, alejando así la configuración del vicio de absurdo denunciado por el recurrente, cuya impugnación - reitero - se agota en la indebida pretensión de sustituir la opinión de los sentenciantes por la propia.

Por lo demás, la injuria debe evaluarse teniendo en cuenta el conjunto de las circunstancias fácticas, las que, justipreciadas en estos obrados por los sentenciantes, condujeron a considerar no demostrada en el curso del proceso la inconducta imputada al trabajador, desechando como prueba hábil a tal fin la auditoría interna como así también la pericial contable, con extensas consideraciones.

2. Improcedente resulta también la parcela de la queja destinada a controvertir el tope previsto por el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y aplicado por el a quo.

Se limita el recurrente a reclamar la aplicación de tope informado para el Convenio Colectivo de Trabajo 166/75 por el Ministerio de Trabajo de $ 2.433,54 (fs. 227) sin ofrecer argumento alguno en contra del utilizado en el fallo.

El sentenciante informa que utilizó el fijado por la resolución 1050/96 de ese Ministerio. Una simple consulta de la aludida resolución -emitida el 20-XII-1996 y publicada en el Boletín Oficial del 17-I-1997- le hubiera permitido constatar que el monto empleado en el fallo -$ 2.883,39- es el allí determinado. Consecuentemente carece de sustento el planteo del reclamante, permaneciendo firme el tope aplicado para realizar el cálculo indemnizatorio en la instancia de origen.

3. Tampoco le asiste razón al pretendiente respecto del agravio por daño moral.

3.a. Este Tribunal reiteradamente ha dicho, y oportuno es recordarlo, que la ruptura unilateral sin causa del contrato de trabajo acarrea la obligación de pagar las indemnizaciones previstas en la ley que comprenden cualquier perjuicio padecido por el trabajador a causa de su despido. En ese caso la ley presume, sin admitir prueba en contrario, la existencia de los daños material y moral padecidos por el dependiente con motivo de la extinción de la relación laboral y establece tarifadamente la reparación correspondiente (art. 245, L.C.T.). Pero, si con motivo o en ocasión de la extinción del contrato de trabajo el principal comete un acto ilícito no representativo de una mera inejecución de las obligaciones derivadas de la relación laboral, configurándose los presupuestos de hecho a los que la ley imputa obligación de indemnizar (arts. 1109, 1067 y 1078 del C.C.), incurre en responsabilidad civil extracontractual, en cuyo caso procede la reparación del daño moral ocasionado al dependiente (conf. causas L. 38.929, sent. del 2-II-1988; L. 52.020, sent. del 3-VIII-1993; L. 62.235, sent. del 25-X-2000; entre otras).

Asimismo, se ha expresado que el agravio moral tiene por objeto reparar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos (conf. causas L. 82.329, sent. del 8-VIII-2007; L. 38.929, sent. del 2-II-1988).

La responsabilidad extracontractual -obvio es decirlo- se configura cuando concurren los presupuestos de hecho a los que la ley imputa el deber de resarcir, extremo que el juzgador de origen entendió acreditado en la especie.

En efecto. Concluyó el a quo - reitero , por mayoría- que la falsa causal de connivencia del actor con proveedores mediante sobreprecios destinados al pago de comisiones en perjuicio de la demandada, no sólo le ha sido endilgada para disponer su despido, sino que también fue propagado tal proceder corrupto, lo que le confería la responsabilidad total por sus consecuencias a la libre determinación de la demandada y al manejo que imprimió al asunto. Y agregó que, al divulgar una conducta fraudulenta, el resultado fue el aniquilamiento del concepto ganado por el trabajador en su vida, no sólo en el específico ámbito laboral, sino en general, puesto que las "noticias sobre su deshonestidad habían recorrido la ciudad, al trascender mas allá de la propia empresa" (fs. 282 vta./283).

Pretender que los correos electrónicos evaluados por los juzgadores de grado no trascendieron más allá de su remitente y destinatarios es como aspirar a desconocer su contenido. De su lectura se evidencia que las conclusiones y opiniones que vuelca su autor y emisor son el producto de averiguaciones llevadas a cabo "para validar o desmentir las imputaciones" que un promotor hiciera sobre la conducta del actor. Se vierten allí expresiones tales como: "es unánime la opinión que califica a Gainza..."; o "es generalizado el convencimiento de que Gainza recibiría 'comisiones'"; también se afirma que "un importante cliente de la zona" confirmó el mal carácter del trabajador y la connivencia de este con el proveedor para cobrar sobreprecio, como así también que "datos recogidos interna y externamente" confirmaban el alto estándar de vida del dependiente que no cuadraba con el salario percibido (ver fs. 25/26). Expresiones que, analizadas en el resolutorio, crearon la convicción en el juzgador juntamente con las declaraciones testimoniales y demás pruebas referenciadas, en orden a que el despido endilgando falsa causal de una conducta virtualmente cuasidelictual en perjuicio de la demandada como la atribuida al actor, provocó en un ostensible deterioro en la honra del trabajador, al propalar el supuesto proceder en el ámbito donde laboró durante 19 años, resultando claramente demostrativo de que en el ámbito de la ciudad en que lo cumplió le provocó un daño moral (fs. 272/273; 282 vta./283 vta.).

Estas concluyentes manifestaciones vertidas en el voto que concitó la mayoría no son objeto de una réplica eficaz por parte del impugnante, habida cuenta que se centra en cuestionar la facultad de selección y jerarquización de los medios probatorios valorados para apontocar la decisión, sistema inapropiado para alcanzar el fin propuesto (conf. causa L. 87.028, sent. del 12-XII-2007).

3.b. Tampoco ha de prosperar el cuestionamiento que formula el quejoso respecto de la suma fijada para reparar este ítem. Tocante al tema alega que la sentencia no brinda fundamento alguno al fijar la suma resarcitoria.

En tal sentido se ha dicho que, dependiendo el reconocimiento y fijación de la indemnización por daño moral del arbitrio judicial, la suma que en uso de facultades privativas determine el tribunal del trabajo no puede conmoverse sólo con la discrepante apreciación del recurrente (art. 279, C.P.C.C.; conf. causas L. 46.089, sent. del 4-VI-1991; L. 59.255, sent. del 12-VIII-1997), toda vez que es a los jueces de grado a quienes corresponde evaluar -en principio- la existencia de una lesión de sentimientos, de afecciones o de tranquilidad anímica configurativa de aquél (conf. causas L. 43.865, sent. del 21-VIII-1990; L. 51.053, sent. del 7-IX-1993; L. 45.764, sent. del 30-IV-1991). Presupuesto que, como se viera, el juzgador tuvo por demostrado en el sub judice.

3.c. Por tanto y de conformidad con lo hasta aquí manifestado, resultando este tramo de la queja huérfana de sólidos argumentos para demostrar el vicio invalidante y la arbitrariedad en que, dice, incurrió el juez de origen para determinar la procedencia y el monto del resarcimiento del daño moral es que considero que debe permanecer firme lo decidido al respecto en el pronunciamiento.

4.a. Se ha objetado que la tasa de interés fijada por el a quo a partir del 1-I-2002 ("tasa activa promedio" que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, sent. fs. 286 vta./287) resulta violatoria de la doctrina legal de esta Suprema Corte (recurso, fs. 308 vta./311 vta.).

En tal sentido, denuncia la recurrente la vulneración de diversos precedentes de este Tribunal en los que se dispone la aplicación de la tasa pasiva, peticionando que también se la aplique a este caso.

b. La crítica es procedente.

(i) He sostenido recientemente (a partir de las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce", ambas sents. del 21-X-2009), que el art. 622 del Código Civil otorga a los jueces la facultad de determinar, si no los hubieran convenido las partes ni se hubiese fijado uno legal, los intereses -o la tasa según la cual se han de calcular- que habrá de producir cierto capital.

Agregué que esa discrecionalidad que se autoriza debe ser ejercida prudentemente, atendiéndose -antes que a criterios bancarios o mercantiles- al armónico juego de diversos principios: la compensación que debe recibir el acreedor, el peligro de provocar un enriquecimiento sin causa, las reglas de moral y buenas costumbres, y el plexo de valores implícitos en los arts. 953 y 954 del Código Civil, etc. A la vez, con la fijación de los intereses no se intentará corregir la depreciación monetaria o subsanar los efectos de la crisis económica (conf. causa B. 49.193 bis, "Fabiano", sent. int. del 2-X-2002), ni tampoco se establecerán tasas tan excesivas o tan escasas que la función de los intereses quede desnaturalizada, porque ello resultaría un absurdo en los términos en que lo ha definido desde siempre esta Corte y, eventualmente, una arbitrariedad en la concepción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En esos precedentes también admití que mi postura implicaba un apartamiento de la doctrina fijada por esta Suprema Corte (a partir de la causa Ac. 43.448, "Cuadern", sent. del 21-V-1991), según la cual los intereses compensatorios deben ser calculados a la tasa pasiva usada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, fundando tal apartamiento en que, de seguir sosteniéndose aquel criterio, se incurriría en notoria contradicción: no puede declararse que los jueces tienen la facultad de fijar las tasas con que se calcularán los intereses y, al mismo tiempo, disponer que deben acatamiento al tipo que usa este Tribunal. Ante ello, como también lo hiciera el doctor Hitters en las causas ya señaladas, consideré necesario modificar la doctrina legal vigente, recalcando que la determinación de la tasa de interés es propia de los jueces de grado, quienes deberán ejercer prudentemente y dentro de los límites señalados, la discrecionalidad que les ha sido autorizada.

(ii) La postura que sustenté ha resultado minoritaria, ratificándose por la mayoría de esta Suprema Corte la doctrina según la cual los intereses moratorios deben ser calculados a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa.

Ante ello, puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es no solo mantener sino también -y especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5827 (y dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), corresponde declarar que la sentencia atacada viola la doctrina legal ratificada a partir de las causas señaladas al principio.

IV. En mérito a lo expuesto deberá hacerse lugar parcialmente al recurso extraordinario deducido por la de-mandada, y modificarse la sentencia recurrida exclusiva-mente en el sentido de que los intereses que se cargan sobre el capital deberán ser calculados de la forma antes señalada, confirmando el pronunciamiento en lo restante que fuera motivo de agravios.

Las costas se imponen en el orden causado (arts. 68 y 289 del C.P.C.C.).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

I. Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor de Lázzari en el punto III apartados 1, 2 y 3.

II. En lo que respecta a la tasa de interés aplicada por el tribunal a quo (v. sent., fs. 286 vta.), asiste razón al recurrente en cuanto denuncia el quebrantamiento de la doctrina legal de esta Suprema Corte al respecto (v. rec., fs. 308 vta.).

Efectivamente, y tal como lo evidencia mi colega que abre el acuerdo en el apartado 4.b.(ii) del punto III, este superior Tribunal provincial ha venido sosteniendo que a partir del 1 de abril de 1991 los intereses moratorios deben ser liquidados exclusivamente sobre el capital (art. 623, Cód. Civ.) con arreglo a la tasa de interés que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (arts. 7 y 10, ley 23.928, modif. por ley 25.561; y 622 del Cód. Civ.; conf. causas Ac. 57.803, sent. del 17-II-1998; Ac. 72.204, sent. del 15-III-2000; Ac. 68.681, sent. del 5-IV-2000; L. 76.276, sent. del 2-X-2002; L. 77.248, sent. del 20-VIII-2003; L. 75.624, sent. del 9-X-2003; L. 79.649, sent. del 14-IV-2004; L. 88.156, sent. del 8-IX-2004; L. 87.190, sent. del 27-X-2004; L. 79.789, sent. del 10-VIII-2005; L. 80.710, sent. del 7-IX-2005; Ac. 92.667, sent. del 14-IX-2005; entre otras).

Este criterio ha sido ratificado por esta Suprema Corte en la causa L. 94.446, "Ginossi" (sent. del 21-X-2009), en donde mi voto formó parte de la mayoría de opiniones suscitada, al cual me remito por razones de brevedad.

III. Por lo tanto, corresponde hacer lugar parcial-mente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y, en consecuencia, casar la sentencia en cuanto dispuso la aplicación de una tasa de interés contrariando la doctrina legal de esta Suprema Corte.

De modo tal que los autos deberán volver a la instancia de origen, a fin de que efectúen una nueva liquidación conforme lo expuesto.

Las costas se imponen en el orden causado, atento a la procedencia parcial del recurso (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:

I. Adhiero a lo manifestado en los puntos 1, 2 y 3 del apartado III del voto del doctor de Lázzari.

II. En lo que respecta al agravio destinado a impugnar la tasa de interés dispuesta por el sentenciante también comparto la solución propuesta por el colega preopinante, aunque lo hago por los fundamentos que he esgrimido al emitir mi voto en el precedente L. 94.446, "Ginossi" (sent. del 21-X-2009), a los que me remito por razones de brevedad.

III. A tenor de lo expuesto, el recurso debe prosperar parcialmente, en los términos precisados en el apartado IV del voto del doctor de Lázzari.

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

I. Adhiero a lo expresado por el doctor de Lázzari en el punto III, apartados 1, 2 y 3 de su voto.

II. En lo que hace al agravio relacionado con el tipo de tasa de interés aplicada por el a quo, comparto la solución propuesta por el citado colega, de conformidad con los fundamentos que expusiera al emitir mi sufragio en la causa L. 94.446, "Ginossi" (sent. del 21-X-2009), cuyos argumentos doy por reproducidos aquí por razones de economía procesal.

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

Adhiero a lo expuesto por el colega doctor de Lázzari en el apartado III, puntos 1, 2 y 3 de su voto.

En cuanto al agravio referido a la tasa de interés aplicada por el tribunal de grado, concuerdo con la solución a la que arriba el colega doctor Pettigiani , ello conforme los argumentos que he desarrollado al emitir mi opinión en el precedente L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009), a los cuales brevitatis causae me remito.

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, y se revoca la sentencia impugnada en lo concerniente a la tasa que declaró aplicable respecto de los intereses adeudados a partir del 1 de enero de 2002, los que deberán liquidarse conforme la que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación. Costas en el orden causado, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 y 289, C.P.C.C.). Vuelvan los autos al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación, con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.

Regístrese y notifíquese.– HILDA KOGAN.– EDUARDO J. PETTIGIANI.– EDUARDO N. DE LAZZARI.– DANIEL F. SORIA.– LUIS E. GENOUD. (Sec.: GUILLERMO L. COMADIRA).

.

__,_._,___


 Registros 1 a 6 de 6


Abogado
Guardar en:
Guardar en Marcadores

"Solamente luchando alcanzarás tu derecho",

Rudolf Von Hiering- La lucha por el derecho.



Abogado Recomienda esta página
¡Agregar a Favoritos!
Abogado
Home | Curriculum Vitae | Legislacion | Jurisprudencia actualizada | Testimonios de Clientes y Colegas | Preguntas frecuentes | Articulos | Contactenos | Mapa | Links | Adm
Estudio jurídico Claudio Giudici, copyright 2011, todos los derechos reservados
Tel. Fax.: (54) 11  5199 8181 / 15 3905 0570
Cerrito y Bme. Mitre,CABA, Argentina
Mail: info@claudiogiudici.com

Últimas búsquedas: abogado, abogados, estudio juridico, mediacion, mediador, mediaciones, abogado laboral, experto en mediaciones, abogado mediador, resolucion de conflictoscurriculum abogados, claudio freidzon curriculum vitae, , claudiogiudici.com.ar, cv abogado argentino, abogado federico ruiz martinez, abogado federico ruiz martinez, curriculum de abogado experto en mediacion, abogado presenta mail de colega, abogado federico ruiz martinez,

Diseño web y optimización www.paginadigital.com.ar
<h1>Abogado</h1>abogado, abogados, estudio juridico, mediacion, mediador, mediaciones, abogado laboral, experto en mediaciones, abogado mediador, resolucion de conflictos