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Abogado Jurisprudencia actualizada
Por apurarse con el "autodespido" se quedo sin indemnizacion laboral 17/12/2017

Fallo:

 

Buenos Aires, 16 de Diciembre de 2010.

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

La parte actora apela (fs.393/397) la sentencia dictada a fs.391/392 y la perito contadora se queja (fs.398) por considerar bajos los honorarios que se le regularon.

En el caso, el juez "a quo" hizo parcial lugar a la demanda admitiendo solamente el reclamo que la accionada reconoció adeudar en el apartado VIII del escrito de responde (fs.137), pero rechazó la acción en cuanto estuvo dirigida a obtener el reconocimiento del derecho a percibir las indemnizaciones derivadas del despido indirecto en que se colocó la trabajadora, así como las que son consecuencia directa de la ruptura del vínculo. Desestimó, además, la pretensión del pago de diferencias de salarios por categoría, de horas extras y del daño moral reclamado por acoso sexual, según relata.

La accionante se consideró despedida alegando que la empleadora guardó silencio a una intimación suya anterior y, al respecto, el juez de grado luego de analizar el intercambio telegráfico habido entre las partes en esa oportunidad, concluyó que "...la actora incurrió en un indebido apresuramiento...", razón por la cual decidió que no puede entrar a jugar la presunción del art. 57 de la L.C.T. y, en consecuencia, que debió "...demostrar la causa invocada para decidir la ruptura del contrato de trabajo, es decir que el día miércoles 3 de octubre de 2007 se le impidió el ingreso a su lugar de trabajo en su horario habitual (debe entenderse las 12 horas, según su intimación previa) y se la despidió verbalmente...(fs.391/vta.), carga que consideró incumplida en autos (art.377 C.P.C.C.N.).

La recurrente se queja porque se excluyó la aplicación de la presunción contenida en el art.57 de la LCT afirmando que medió error en la interpretación del juez de grado, pero funda su postura en circunstancias que no responden a las constancias de la causa, de la que surge que la intimación que inició el intercambio telegráfico fue cursada por la actora el 2/10/07 para que en el "...plazo de 24hs. aclare situación laboral..." conforme surge del telegrama que obra en sobre correspondiente a la prueba documental de la parte actora (fs.4), transcripto a fs.53/vta. del escrito de demanda, por lo que no medió el error que se atribuye al sentenciante, a lo que cabe agregar que el exiguo plazo otorgado en violación de la norma expresa contenida en el art. 57 LCT no se encuentra atemperado por la interpretación que propone la recurrente en el sentido de que "...esperó el plazo prudencial de 48hs..." por haberse considerado despedida recién el día 5/10/07 (fs.393), puesto que tal aseveración no responde a la realidad de lo acontecido si se valora que el telegrama fue impuesto con fecha 5/10/07 a las 17,33hs. según constancia del Correo Oficial (ver sobre de prueba documental actora), es decir, cuando aún no habían transcurrido las 48hs. que, según afirma, "esperó prudencialmente" antes de disponer la ruptura del vínculo.

Esta actitud es reveladora de que la accionante no estaba interesada en obtener una respuesta a sus reclamos sino en acortar los tiempos para adoptar una decisión que luce apresurada y contraria al deber de buena fe, que deben observar ambas partes del contrato de trabajo (art.63 LCT), por lo que se impone confirmar este punto de la sentencia apelada.También se queja la recurrente porque se desestimó el reclamo de diferencias salariales derivadas del cambio de categoría (de peón de limpieza a cuidadora de niños), pero no se hace cargo de que el juez de grado resolvió este punto valorando el informe pericial contable y señalando que "...cuando la actora pasó de peón de limpieza a cuidadora de niños, se registró un incremento simultáneo en su haber básico a partir del mes de diciembre de 2005..." (fs.391vta.), orfandad del recurso que lleva necesariamente a que sea declarado desierto (art.116 ley 18.345).

El reclamo de horas extras no ha sido instrumentado con precisión si se advierte que se denunció un horario de 12hs. a 18hs. (fs.52vta.), que luego la obligaron a trabajar hasta las 22 o 23 hs. (fs.53vta.) y que en el telegrama de intimación denunció un horario "...que comprende entre las horas 12 a 18 más Martes de 12 a 00, Sábados de 12 a 00 Hs., y Domingo de 12 a 20 Hs., reales desde el año 2005 fecha 24/4 de mi ingreso..." (fs.54). Esta insuficiencia del escrito de inicio (art.65 ley 18.345) no se puede considerar subsanada por las declaraciones invocadas en el memorial recursivo puesto que, conforme señala el "a quo" no resultan claras "... para determinar la jornada prestada por la actora, lo que implica la imposibilidad de establecer el cumplimiento de horas extras" (fs.391vta.).

En el escrito de inicio se reclamó el pago de una indemnización por daño moral "...resultante del acoso y las maniobras de la demandada..." que "...no puede permitir que personal jerárquico de la empresa, y su posición dominante, avasallen el derecho a la intimidad" (fs.56), expresiones sumamente vagas e imprecisas que impiden conocer el sujeto al que refieren y los hechos concretos configurativos de la conducta referida, lo que constituye una insuficiencia del escrito de inicio (art.65 ley 18.345) que no puede ser subsanada en etapas posteriores del proceso, en desmedro delderecho de defensa de la contraparte (art. 18 C.N.).

La señalada deficiencia no ayuda a la recurrente a la hora de valorar las declaraciones testimoniales que invoca en su apoyo en el recurso de apelación en el que, además, no se hace cargo del análisis probatorio que llevó al sentenciante a concluir que "...el presunto acoso no solo no ha sido probado, sino que tampoco se acreditó que la empresa hubiese estado en conocimiento de conductas impropias..." (fs.392).

Por último, quiero señalar que los agravios expresados en relación con el reclamo del ius variandi (fs.396vta./397) carecen de apoyo legal puesto que ha quedado probado en autos que el cambio significó un ascenso (de peón de limpieza a cuidadora de niños) que importó un incremento simultáneo del haber básico, sin que se hubiera invocado ni probado un perjuicio en los términos previstos por el art. 66 LCT.

Por las razones expresadas propongo que se confirme la sentencia de primera instancia en todo cuanto ha sido motivo de apelación, incluso en materia de costas y honorarios, puesto que la distribución ordenada a fs.392vta. responde al principio general contenido en el art. 68 CPCCN y los porcentajes allí establecidos retribuyen adecuadamente la labor profesional cumplida en autos y las normas arancelarias de aplicación.

Propicio que las costas de alzada sean fijadas en el orden causado y que, a tales efectos, se fijen los honorarios de las representaciones letradas de cada una de las partes en el 20% de lo que deban percibir por su actuación en la instancia de grado.

LA DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia, que rechazó en lo principal la demanda, recurre la parte actora a tenor de la presentación de fs. 393/397 que fue contestada por la contraparte a fs. 410/415.

A su vez, la perito contadora apela sus honorarios por bajos (fs.398).

La recurrente afirma que la sentencia le causa agravio, en primer lugar, porque consideró injustificado el despido indirecto en que se colocó la actora. Sostiene que, contrariamente a lo que afirma el sentenciante, la entonces dependiente no obró en forma apresurada al producir el despido, y que corresponde aplicar al caso la presunción del art. 57 LCT. Por otra parte, considera que ha quedado probado en autos el desempeño de la actora en horas suplementarias, la diferencia de categoría, y el acoso del que era víctima, con los consiguientes cambios de horarios denunciados. Por todo ello, solicita se revoque el decisorio apelado.

Analizadas las constancias de autos, adelanto que en mi opinión el recurso debe tener andamiento.

Surge de autos que con fecha 2 de octubre de 2007 la actora intimó a la demandada para que le aclarara su situación laboral, alegando que se había presentado a trabajar y se le hizo saber un cambio de horario que la perjudicaba. También surge del intercambio que con fecha 5 de octubre de 2007 la actora remite un nuevo telegrama en el que señala que no recibió respuesta a su anterior, y que el día miércoles -3 de octubre de 2007- se presentó a trabajar en su horario normal no habiéndola dejado ingresar y siendo despedida verbalmente, frente a lo cuál se consideró injuriada y despedida.

Por otra parte, quedó establecido que la demandada con fecha 5 de octubre de 2007 contestó la primera intimación rechazándola por mendaz, maliciosa e improcedente, negando la jornada de trabajo denunciada por la actora, y negando que se le hubiera comunicado cambio de horario alguno, e intimándola a retomar tareas en el plazo de 24horas.

Ahora bien, en mi opinión, la intimación cursada por la accionante que otorgaba a la demandada 24 horas para contestar no resulta contraria a derecho en el marco de los acontecimientos denunciados en la demanda, y de la prueba producida a la que me referiré enseguida.Por otra parte, si la propia demandada cuando contestó la intimación otorgó un plazo de 24 horas para retomar tareas, no se entiendo por qué no podía en 24 horas contestar la intimación de la actora.

En todo caso, lo que no se puede soslayar es que la respuesta de la demandada se limitó a rechazar la intimación y a negar tanto la jornada de trabajo denunciada por la accionante como el cambio de horario referido, pero sin especificar ni cuál era la jornada efectiva ni mucho menos en qué horario debía presentarse la actora a retomar tareas.

Esas inconsistencias me inclinan a analizar el conflicto suscitado remitiéndome a las causas invocadas por la actora, en especial en lo que hace a la jornada denunciada y al cambio de horario que se le habría informado verbalmente, aspectos que co nsidero que la actora ha logrado probar en autos.

En efecto, la testigo Karina Mónica Roa (fs. 301/302), sostuvo que trabajó con la actora en el establecimiento de la demandada, y confirmó que tanto ella como la actora se vieron sometidas a varios cambios de horarios, y que le consta que a la actora le cambiaron varias veces el horario y que la perjudicaban porque tenía que quedarse hasta altas horas de la noche especialmente los fines de semana. La testigo sostuvo que la actora llegó a trabajar 12 horas por día.

La deponente manifestó que el problema de la actora y del resto del personal con los horarios tenía su causa en el acoso por parte de un encargado, Hernando Jimenez, a quien la actora denuncia en la demanda precisamente como causa de los cambios de horario que le eran impuestos y como fundamento del daño moral cuya reparación persigue.

Al respecto, la testigo afirma que padeció los mismos problemas que la actora, que Jimenez "vivía acosando" y que si no accedía a lo que él pretendía, las perjudicaba pidiendo cambios de horarios.La testigo dijo que vio cuando Jimenez se acercaba al salón de juegos y acosaba verbalmente a la actora, que no lo vio una sola vez sino varias veces, que la actora bajaba la cabeza, trataba de no darle importancia.

La testigo afirmó que ella personalmente y la actora, ambas hablaron del tema con el gerente general Alberto Rey, pero que nadie hacía nada.

El testigo Lorenzo Omar Gimenez (fs. 326/327) también fue empleado de la demandada, y corroboró lo denunciado en la demanda coincidiendo con los dichos de la testigo Roa.

Manifestó el deponente que Hernán Jimenez era un encargado que siempre estaba metido con el tema de los horarios, que manejaba los horarios como quería y que se los cambiaba, que no respetaba los francos y que los hacía trabajar muchas horas.

Con relación a la actora, afirmó el testigo que sabe que tuvo problemas con este encargado, porque la hacía quedar hasta tarde. También manifestó que sabe que el encargado Jimenez tuvo problemas con varias de las chicas que trabajaban para la demandada, que les cambiaba el horario, y que sabe que se llevaba mal con la actora.

La testigo Natalia Soledad Gomez (fs. 329/331 dejando constancia que las fojas están invertidas en el orden que corresponde), también fue compañera de trabajo de la actora en el establecimiento de la demandada, y confirma que los cambios de horario eran continuos, y que no se respetaban los francos, y que los fines de semana tenían que quedarse luego de terminado el horario respectivo.

Esta testigo también coincide en señalar que el encargado Hernando Jimenez acosaba tanto a la actora como al resto de las empleadas.Afirmó que "...se acercaba a todas, nos acorralaba, nos decía cosas muy guasas, qué era lo que nos iba a hacer, que nos iba a tocar, en más de una oportunidad nos rozó...".

La testigo confirma que se lo informaron a Alberto Rey, y que les dijo que iba a tomar medidas, pero que no hizo nada, frente a lo cual manifiesta que Jimenez hacía notar más su poder, acosaba tranquilamente y se reía de lo que hacía.

Confirmó la testigo que veía cuando Jimenez acosaba a la actora, porque más de una vez ella intervenía para defender a la otra persona, y dirigiéndose a Jimenez le decía que se desubicaba, a lo qué él contestaba que desde donde estaba podía hacer lo que quisiera y que ellas se tenían que quedar calladitas.

La testigo manifestó que además de hablarlo con Rey lo hablaron con Rivadulla que era el dueño, pero que nadie hizo nada al respecto.

Las impugnaciones intentadas por la demandada respecto de estos testimonios carecen de toda entidad para poner en duda sus dichos, en especial cuando todos dieron suficiente razón de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que tomaron conocimiento de los hechos sobre los que declararon.

Las declaraciones referidas me llevan a concluir que se ha probado en autos que la actora padeció el acoso del encargado Jimenez, y que las autoridades de la demandada habían sido anoticiadas de dichas conductas.

También considero probado que la forma en que el tal Jimenez castigaba el rechazo a sus pretensiones, era abusando de su facultad de imponer y modificar horarios.

En el caso de autos, considero que también surge probado de dichas declaraciones que la actora fue objeto de acoso y que se le modificó varias veces el horario, obligándola a prestar tareas en exceso de su jornada legal, y sin respetar el derecho al franco compensatorio.Las declaraciones de los testigos propuestos por la parte demandada no son suficientes en mi opinión para controvertir la conclusión a la que arribo, por cuanto Penayo y Amarilla además de ser dependientes de la demandada en el momento de declarar, no dieron suficiente razón de sus dichos. En lo que atañe al horario de la actora Penayo dice que lo sabe porque estaba ahí, y Amarilla dice que nunca vio a la actora trabajar en el horario de 22hs. a 23hs. pero enseguida manifestó que el horario del testigo era de 12hs. a 20hs. Por su parte Bayón y Oliva Techeira, también dependientes de la demandada dicen que la actora trabajaba desde el mediodia hasta las 6 de la tarde, pero afirman que el horario de los testigos era de 16hs. hasta las 12hs. de la noche.

Frente a las conductas referidas más arriba por parte de un dependiente de la demandada, era de esperar que se tomara alguna medida al respecto.

Sin embargo, cuando la actora intima fehacientemente haciendo saber que se presentó a trabajar y que se le quiso imponer un cambio de su jornada laboral, la demandada se limitó a negar la jornada invocada sin aclarar cuál era la que debía cumplir, y a negar que se le hubiera informado modificación alguna de horario.

Ello a pesar de estar debidamente anoticiada de los abusos en los que incurría habitualmente su dependiente en funciones de encargado.

En ese marco considero que no solamente la decisión de la actora de hacer efectivo el apercibimiento no fue apresurada, sino que la actitud de la demandada fue contraria a lo que es de esperar de un buen empleador conforme lo establecen los arts. 62, 63 y concs.LCT.

En efecto, la actora era quien venía soportando las insinuaciones de Hernández, incluso con actitudes violentas de las que dan cuenta los testigos ("acorralándonos" "rozándonos" "diciendo qué nos iba a hacer"), y el abuso de poder por parte del mismo quien en su función de encargado quedó demostrado que apelaba a constantes cambios de horario para castigar a quienes no cedían a sus pretensiones.

La actora fue quien tuvo que trabajar en exceso de su jornada legal por imposición de dicho encargado, quien estaba en funciones por decisión de la demandada de quien dependía.

Y por ello, en ese contexto, frente a la intimación cursada por la actora, era la demandada quien debía tomar intervención en el asunto y poner fin a los abusos de su dependiente jerárquico.

En tanto no lo hizo, la respuesta a la intimación de la actora es insuficiente para considerar que el despido indirecto fue apresurado. Por el contrario, el despido resultó justificado por las inconductas a las que fue sometida la actora, que la demandada optó por negar sistemáticamente, a pesar de estar en conocimiento de las mismas.

Por todo ello, en mi opinión, corresponde considerar justificada la decisión rupturista de la actora y hacer lugar a la demanda en tanto persigue el cobro de las indemnizaciones de ley.

Asimismo, en tanto ha quedado probado que por imposición de las decisiones del encargado Jimenez la actora era obligada a prestar servicios en horas suplementarias, lo cierto es que la demandada estaba obligada a llevar el registro que establece el art. 6 de la Ley 11.544.

De la pericial contable no surge que se haya exhibido tal registro, y por ello conforme lo dispuesto por el art. 52 incs. g) y h) y art. 55 LCT, corresponde tener por cierta la jornada denunciada en la demanda, la que por otra parte resulta corroborada por la prueba testimonial producida.

Por el contrario, en mi opinión la actora no ha cumplido adecuadamente con el art.65 L.O. en el punto relativo a las diferencias salariales por categoría, y no ha sido favorecida su postura por lo informado por la perito a fs. 316 vta., punto g) del cuestionario de la demandada.

En todo caso, a la remuneración que surge de la pericia contable se le debe adicionar el monto proporcional de horas extraordinarias ($ 421,55 mensuales con recargo del 50% y $ 204,39 mensuales con recargo del 100% conf. fs. 310).

En consecuencia, la remuneración mensual normal y habitual computable a los fines de ponderar los rubros de condena ascenderá a la suma de $ 1.717,94 (1.092 + 421,55 + 204,39), por lo que también se deben recalcular los montos diferidos a condena en primera instancia.

Corresponde también admitir la indemnización reclamada con fundamento en el art. 2° Ley 25.323 en tanto la actora intimó el pago de las indemnizaciones de ley y se vio obligada a accionar judicialmente en procura del reconocimiento de su derecho.

Por lo expuesto y de admitirse mi voto, la demanda ha de proceder por los siguientes rubros y montos: $ 1.717,94 en concepto de haberes e integración del mes de despido; $ 143,16 en concepto de incidencia del SAC sobre la integración; $ 1.717,94 en concepto de indemnización sustitutiva de preaviso omitido; $ 143,16 en concepto de incidencia del SAC sobre preaviso; $ 5.153,82 en concepto de indemnización por antigüedad; $ 429,48 en concepto de SAC proporcional; $ 801,93 en concepto de vacaciones proporcionales; $ 66,82 en concepto de SAC sobre vacaciones proporcionales; $ 10.117,32 en concepto de horas extras al 50% por periodo no prescripto (fs. 310); $ 4.905,37 en concepto de horas extras al 100% por periodo no prescripto (fs. 310); $ 1.251,90 en concepto de SAC sobre horas extras; $ 4.294,85 en concepto de indemnización art.2° Ley 25.323; lo que hace un total de $ 30.743,69.

Por o tra parte, considero que también corresponde hacer lugar al reclamo de reparación del daño moral requerido en la demanda.

En ese sentido, advierto que las inconductas que debió soportar la actora durante el transcurso de la relación laboral en modo alguno pueden considerarse subsumidas en la indemnización tarifada propia del sistema especial.

Por el contrario, ha quedado probado que la actora fue víctima de inconductas inferidas por un dependiente de la demandada, por quien esta última debe responder conforme art. 1113 C.Civil.

De acuerdo con lo que surge del relato de los testigos analizados previamente, considero que se ha acreditado que el dependiente de la demandada incurrió en acoso verbal suficientemente grave como asimismo en abuso de su autoridad, generando un perjuicio serio a la actora. También considero que el daño ocasionado resulta agravado en tanto ha quedado demostrado que la actora, al igual que otras compañeras de trabajo, buscaron ser escuchadas por autoridades de la demandada, sin que se hubieran adoptado medidas para poner coto a los excesos del dependiente en cuestión.

En mi opinión actitudes como las que se ha probado que adoptó el encargado Jimenez respecto de la actora, y la pasividad que quedó demostrada por parte de la demandada frente a esos graves acontecimientos, constituyen algunas de las conductas que se pretenden combatir a través de la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, como también a través del Decreto N° 1011/10 , reglamentario de la misma.

En consecuencia, propongo hacer lugar a la reparación solicitada por la suma de $ 25.000 tal como se reclama en la demanda.Ello eleva el monto nominal de condena a la suma de $ 55.743,69, sobre la cuál deberán adicionarse los intereses desde que cada rubro fue debido y hasta el efectivo pago, aplicando para ello la tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de préstamos (conf. art. 622 C.Civil y Acta CNAT N° 2357).

La conclusión a la que arribo implica dejar sin efecto lo resuelto respecto de costas y honorarios, siendo necesario un pronunciamiento originario (conf. art. 279 CPCCN). Por ello los recursos deducidos al respecto devienen abstractos.

Propongo que las costas sean soportadas en ambas instancias por la parte demandada vencida (conf. art. 68 CPCCN). A ese fin, propongo regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, los de igual concepto de la parte demandada, y los de la perito contadora, en el .%, .%, y .%, respectivamente, del monto de capital e intereses de condena, por las tareas cumplidas en primera instancia (conf. ley 21.839 , Dec. Ley 16.638/57 y art. 38 L.O.).

Asimismo, y conforme art. 14 Ley 21.839, propongo regular los honorarios de los letrados que intervinieron en la alzada en el 25% de lo que les corresponde percibir por las tareas cumplidas en la etapa anterior.

Por lo hasta aquí desarrollado, concretamente propongo: 1) Revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la demanda condenando a LA ESQUINA S.A. a abonar a la actora dentro del quinto dia de notificada de la liquidación a practicarse en ocasión del art. 132 L.O., y mediante depósito judicial en autos, la suma de $ 55.743,69 que le adeuda por los conceptos y montos detallados en el considerando respectivo. Sobre dicha suma se deberán aplicar los intereses desde que cada rubro fue debido y hasta el efectivo pago, aplicando la tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de préstamos (conf. art.622 C.Civ. y Acta CNAT N° 2357). 2) Imponer las costas en ambas instancias a la parte demandada vencida. 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, los de igual concepto de la parte demandada, y los de la perito contadora, en el .%, .%, y .%, respectivamente, del monto de capital e intereses de condena, por las tareas cumplidas en primera instancia. 4) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en la alzada en el 25% de lo que les corresponde percibir por lo actuado en primera instancia. 5) Condenar a la demandada a que, dentro del plazo fijado en el punto 1), deposite en el Fondo de Financiamiento del art. 14 Ley 24.635 el honorario básico previsto en el art. 12 párrafo primero de ese cuerpo normativo, bajo apercibimiento de dar intervención al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

LA DOCTORA GRACIELA A. GONZALEZ DIJO:

Discrepan mis distinguidos colegas en orden a la interpretación que cabe dar a las disposiciones contenidas en el art. 57 de la L.C.T. y en ese aspecto puntual coincido con la posición adoptada por el Dr. Juan Carlos Fernández Madrid, en el sentido de que la norma impone un plazo mínimo que nunca será inferior a dos días hábiles, por lo que el principio de buena fe tutelado por el art.63 del citado cuerpo legal, impone que el mismo sea respetado, en el marco de la interpelación formulada por el trabajador a fin de obtener el cumplimiento de la obligación omitida, a efecto de no reputar extemporánea cualquier decisión adoptada con antelación al transcurso del mismo.

En consecuencia propongo confirmar lo decidido por el Magistrado de anterior grado, respecto del distracto.

En orden a las restantes cuestiones decididas en el pronunciamiento de la instancia de grado, coinciden mis colegas respecto a que corresponde desestimar la procedencia del reclamo formulado en concepto de diferencias salariales derivadas del cambio de categoría de la dependiente.

Por el contrario discrepan en cuanto al análisis de la procedencia del rubro horas trabajadas en exceso de la jornada legal, y al respecto también coincido con lo expuesto por el Dr. Juan Carlos Fernández Madrid en orden a que el reclamo por tal rubro no ha sido instrumentado con precisión en acabado cumplimiento a las previsiones contenidas en el art. 65 de la L.O., en tanto en el escrito de inicio se denuncia el cumplimiento de jornadas que no concuerdan con la extensión denunciada por la interesada al practicar la intimación, según constancia de fs. 54.

En tal contexto considero que, no surgen debidamente enunciados los presupuestos fácticos que otorgarían sustento a la pretensión, debiendo por lo tanto desestimarse la misma.

A distinta conclusión arribo respecto al reclamo formulado en concepto de daño moral resultante del acoso y maniobras de la accionada, pues al respecto coincido con el análisis efectuado por la Dra. Beatriz Fontana de la prueba testimonial colectada que otorga suficiente sustento a los hechos denunciados al demandar, en procura de la reparación perseguida.

En tal contexto propicio receptar la queja formulada respecto de la decisión adoptada en el pronunciamiento recurrido en orden a la reparación por daño moral padecido durante la vigencia del contrato de trabajo habido entre las partes, por lo que adhiero a la solución propuesta por la Dra.Fontana en cuanto al progreso de la pretensión deducida que impone diferir a condena la suma de $ 25.000 la que devengará los intereses que propone la vocal preopinante en su voto, que se ajustan a las pautas legales de aplicación, en un todo de acuerdo a lo normado por la Ley 23.592 y lo dispuesto por la ley 26.485 y su Decreto Reglamentario 1011/10.

En síntesis, propongo confirmar el decisorio de anterior grado en lo principal que decide y modificarlo en cuanto declara la procedencia de la reparación del daño moral difiriendo a condena la suma de $ 25.000 que devengarán los intereses desde que el rubro fuere debido mediante la aplicación de la tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según el cálculo que difunda la Prosecretaría General de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (conf. art. 622 del Código Civil y Acta CNAT Nº 2357/02 modif. por Res. CNAT Nº 8/02).

En tal contexto, propongo que se dejen sin efecto las costas de la instancia anterior debido a la nueva forma de resolverse el litigio y que se impongan en el orden causado en ambas instancias, en atención a la existencia de vencimientos parciales y mutuos (art. 71 CPCCN).

Con respecto a los honorarios regulados en el decisorio corresponde dejarlos sin efecto y determinarlos en forma originaria (art. 279 del CPCCN), lo que torna inoficioso el tratamiento de las apelaciones deducidas en materia de honorarios.

En tal sentido, tomando en cuenta lo expuesto en los considerandos que anteceden, el resultado del litigio, la calidad, mérito y extensión de las tareas desarrolladas por las representaciones letradas de ambas partes y por el perito contador, el valor razonablemente involucrado en este pleito (conf. CSJN. 31.10.2006 "Romero SA. S/quiebra" R.528.XXXVII) y de conformidad con lo dispuesto en el art. 38 de la LO., arts.6, 7 , 8, 9 , 19 , 39(ref:ÑEG805.39), y concs. de la ley 21839, en el art. 3º del Decreto-Ley 16638/57 y lo normado en la ley 24432, a fin de que el importe a reconocer constituya una razonable retribución por las tareas realizadas corresponde regular los honorarios en forma originaria por la labor desplegada en primera instancia, de la representación letrada de la parte actora en la suma de $ 8000, de la representación letrada de la parte demandada en la de $. y los del perito contador en la de $., importes que se encuentran fijados a valores actuales. Asimismo, se regulan los honorarios de la representación letrada de la parte actora y demandada en el .% para cada una de ellas, porcentaje que se proyectará sobre las sumas que les corresponda percibi r por la actuación en primera instancia (art. 38 LO. y art. 14 Ley 21839).

LA DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA DIJO:

Por resultar parcialmente coincidente con la solución que propuse, adhiero al voto de la Dra. Graciela González, en cuanto propone hacer lugar a la reparación formulada en concepto de daño moral y consecuentemente a lo dispuesto con referencia a las costas y a los honorarios.

En atención al resultado del presente acuerdo, EL TRIBUNAL RESUELVE: 1) Revocar parcialmente la sentencia de primera instancia haciendo lugar al reclamo de daño moral, que progresa por la suma de $25.000 que con más intereses desde que el rubro fue debido, aplicando a tal fin la tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos; II) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado; III) Regular los honorarios de primera instancia en las sumas de $. a la representación letrada de la parte actora; $. a la representación letrada de la parte demandada y $. al perito contador, importes fijados a valores actuales; IV) Regular los honorarios de segunda instancia en el .% de lo que cada representación letrada deba percibir por su actuación en la instancia de grado y V) Confirmar la sentencia de primera instancia en lo demás que decide.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

Alf.



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